La actual crisis económica, cuyos primeros síntomas vinieron precedidos de las otrora famosas hipotecas subprime, con la serie de consecuencias que trasladaron sus efectos a todos los puntos del globo, dio lugar a que de manera incipiente se planteara el debate sobre la necesidad de que renaciese la banca pública. Desde diversos sectores de la política y la economía se reclamaba la actuación de una banca pública sin los excesos y defectos de la banca privada tanto comercial como de inversión.
Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía.
El debate alcanzó cierta notoriedad hasta el momento en el que los gobiernos de los países occidentales empezaron a inyectar cantidades ingentes de dinero en los bancos que corrían mayores riesgos fruto de unas políticas especulativas que se han demostraron absolutamente nefastas y perniciosas para la economía en general y para los más humildes en particular. El dinero de todos se puso al servicio de unos pocos. El objetivo declarado por los gobiernos era el de insuflar liquidez a la economía pero esa liquidez no ha alcanzado a quien más la podía necesitar: las familias endeudadas, las empresas pequeñas y medianas,…
En ciertos ámbitos, a la vista de la magnitud de esta intervención estatal en las instituciones financieras se llegó a plantear la posibilidad de una nacionalización pero finalmente todo se fue diluyendo para la mayor tranquilidad de los grandes accionistas y ejecutivos de la banca, que en ningún caso han tenido que responder en los tribunales por una gestión que roza lo delictivo.
En España, el Presidente del Gobierno, cercenó cualquier veleidad al declarar el pasado mes de octubre que “no queremos crear banca pública ni sustituir al mercado”. El sacrosanto mercado es intocable para nuestro gobierno y para el principal partido de la oposición.
Desde Izquierda Republicana consideramos que una banca pública sí tiene una razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI.
En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en cortísimos plazos de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las burbujas terminan explotando.
Sin embargo, los republicanos de IR planteamos que los servicios financieros han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es el caso de los jóvenes o los inmigrantes.
Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.
Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su actual dinámica de funcionamiento.
Por otra parte, no debemos olvidar que en los últimos años un segmento considerable de la población se ha embarcado en un consumismo exacerbado, endeudándose en muchos casos por encima de lo recomendable. Si bien es verdad que desde las entidades bancarias se ha estimulado esos comportamientos, no es menos cierto que cada ciudadano tiene una responsabilidad con respecto a sus decisiones sobre consumo y ahorro. Por si sola, una banca pública no acaba con esta dinámica perversa pero si debe tener entre sus objetivos el hacer una cierta pedagogía social sobre las verdaderas posibilidades económicas de los ciudadanos evitando que estos acudan al endeudamiento sistemático para consumos superfluos.
Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas.
En este sentido, hay tener presente la fallida experiencia que suponen las cajas de ahorro. La participación de los impositores en sus órganos de gobierno y control es puramente formal y se ha terminado traduciendo en un reparto de poder entre los partidos políticos mayoritarios y en una instrumentalización mutua entre los altos cargos de las cajas de ahorro y el poder político territorial. Estos vicios afectan a la adopción de decisiones tanto en los aspectos puramente financieros de estas entidades como a la obra social y cultural que desempeñan. Por ello la gestión y control de las entidades públicas que propugnamos deberán articularse de forma que exista una participación de los ciudadanos independiente, plural y representativa.
En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.
Junio de 2009.
Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía.
El debate alcanzó cierta notoriedad hasta el momento en el que los gobiernos de los países occidentales empezaron a inyectar cantidades ingentes de dinero en los bancos que corrían mayores riesgos fruto de unas políticas especulativas que se han demostraron absolutamente nefastas y perniciosas para la economía en general y para los más humildes en particular. El dinero de todos se puso al servicio de unos pocos. El objetivo declarado por los gobiernos era el de insuflar liquidez a la economía pero esa liquidez no ha alcanzado a quien más la podía necesitar: las familias endeudadas, las empresas pequeñas y medianas,…
En ciertos ámbitos, a la vista de la magnitud de esta intervención estatal en las instituciones financieras se llegó a plantear la posibilidad de una nacionalización pero finalmente todo se fue diluyendo para la mayor tranquilidad de los grandes accionistas y ejecutivos de la banca, que en ningún caso han tenido que responder en los tribunales por una gestión que roza lo delictivo.
En España, el Presidente del Gobierno, cercenó cualquier veleidad al declarar el pasado mes de octubre que “no queremos crear banca pública ni sustituir al mercado”. El sacrosanto mercado es intocable para nuestro gobierno y para el principal partido de la oposición.
Desde Izquierda Republicana consideramos que una banca pública sí tiene una razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI.
En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en cortísimos plazos de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las burbujas terminan explotando.
Sin embargo, los republicanos de IR planteamos que los servicios financieros han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es el caso de los jóvenes o los inmigrantes.
Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.
Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su actual dinámica de funcionamiento.
Por otra parte, no debemos olvidar que en los últimos años un segmento considerable de la población se ha embarcado en un consumismo exacerbado, endeudándose en muchos casos por encima de lo recomendable. Si bien es verdad que desde las entidades bancarias se ha estimulado esos comportamientos, no es menos cierto que cada ciudadano tiene una responsabilidad con respecto a sus decisiones sobre consumo y ahorro. Por si sola, una banca pública no acaba con esta dinámica perversa pero si debe tener entre sus objetivos el hacer una cierta pedagogía social sobre las verdaderas posibilidades económicas de los ciudadanos evitando que estos acudan al endeudamiento sistemático para consumos superfluos.
Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas.
En este sentido, hay tener presente la fallida experiencia que suponen las cajas de ahorro. La participación de los impositores en sus órganos de gobierno y control es puramente formal y se ha terminado traduciendo en un reparto de poder entre los partidos políticos mayoritarios y en una instrumentalización mutua entre los altos cargos de las cajas de ahorro y el poder político territorial. Estos vicios afectan a la adopción de decisiones tanto en los aspectos puramente financieros de estas entidades como a la obra social y cultural que desempeñan. Por ello la gestión y control de las entidades públicas que propugnamos deberán articularse de forma que exista una participación de los ciudadanos independiente, plural y representativa.
En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.
Junio de 2009.
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