Alternativa Republicana Salamanca: Aportaciones de Izquierda Republicana a la Ley de Transparencia

Izquierda Republicana realiza alegaciones al Anteproyecto de Ley de Transparecia y Buen Gobierno en el trámite de consulta pública establecido al efecto. Para ello se ha contado con las aportaciones y sugerencias de los afiliados y simpatizantes.

Después de dos legislaturas de sucesivos aplazamientos por parte de los gobiernos de Rodriguez Zapatero, el gobierno del PP parece manifestar cierta voluntad de afrontar la elaboracion de una Ley de Transparencia. Desde Izquierda Republicana exigimos que esta ley no se quede en puro formalismo y que no se diluya en indefiniciones que supongan el blindaje o la justificación de conductas contrarias al derecho al acceso a la información del ciudadano.

Analizando el anteproyecto de ley presentado y dada la posibilidad, a día de hoy prácticamente excepcional, de poder realizar alegaciones en el trámite de consulta pública, Izquierda Republicana participa como partido recogiendo las propuestas de sus afiliados y simpatizantes para mejorar esta normativa superando los contenidos mínimos que recoge el anteproyecto en su redacción actual.

Animamos a los ciudadanos en general a que se informen del anteproyecto en la web correspondiente y que realicen su aportaciones a través del formulario electrónico de consulta pública.

Hacemos públicas nuestras propuestas a través de internet, para iniciar así un debate necesario acerca de cómo los responsables públicos han de afrontar los problemas derivados de la opacidad de las administraciones en su funcionamiento dando a los ciudadanos una posibilidad real de conocer sus motivaciones y participar en sus decisiones:

Regular el derecho al acceso a la información como derecho fundamental, dado que es parte inherente de la libertad de expresión.
Aplicar los criterios de transparencia y acceso a la información al presupuesto y patrimonio de la Casa Real dado que también se nutren de los Presupuestos Generales del Estado por lo que los contribuyentes tienen derecho a conocer los detalles de esta partida presupuestaria y su aplicación y gestión.
La contestación expresa será obligatoria, independientemente de cual sea el sentido de la misma, evitando el recurso abusivo al silencio administrativo.
Dotar de recursos suficientes a los organismos y unidades encargados de las funciones de acceso a la información de forma que cumplan su labor con la mayor eficiencia.
Prever sanciones en el caso de obstrucción en el acceso a la información por parte de cargos públicos, responsables administrativos u otras personas encargadas de proporcionar dicho acceso.
Incluir la exigencia de transparencia en el proceso de elaboración de leyes, planes y proyectos de todo tipo en todas las administraciones, con acceso a toda la documentación que relevante en el proceso, desde las aportaciones y borradores hasta las correcciones introducidas y sus justificaciones y motivaciones.
Incluir una definición de información más amplia en el artículo 9, incluyendo no solo la información que obre en poder de las instituciones públicas sino cualquier otra que a la que éstas tengan acceso y sea relevante en los procesos legislativos o administrativos.
Modificación profunda del artículo 10 puesto que es excesivamente genérico al regular los límites al derecho de acceso, con especial incidencia en las letras C, D y G que restringen el derecho a la información en función de los intereses económicos y la política económica y monetaria, lo que supone una grave merma de la capacidad de acceso a la información; o también el caso de prejuicio para el medio ambiente sin especificar a qué se refiere esta salvedad.
El artículo 13, que fija las excepciones al acceso a la información, debe de ser modificado porque en su redacción actual impide acceder a los borradores e informes en función de los cuales se tomarán decisiones en los organismos públicos. Esta excepcionalidad da lugar a que documentos que provengan de los grupos de presión, que pueden defender intereses contrarios al general, sean tomados como base para toma de decisiones sin que los ciudadanos tengan acceso a los mismos.
Definición más concreta sobre los regalos aceptables que entren dentro de los “usos habituales sociales o de cortesía”
Retirar la previsión de sanción por incumplimiento de servicios esenciales en caso de huelga si no hay resolución judicial en caso de reclamación sindical por fijación de servicios mínimos abusivos.
Evitar que otras leyes puedan solaparse o cercenar el acceso a la información recogido en esta ley.
La transparencia no debe compartir la misma legislación con lo referido al buen gobierno. La regulación de este último en el anteproyecto esta excesivamente sesgada hacia el cumplimiento de las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el ámbito de la gestión económica y financiera dejando en segundo plano los aspectos relacionados con los servicios sociales y las libertades públicas que tienen una regulación menos prolija. De esta forma el gobierno lanza un claro mensaje: El buen gobernante es el que cumple con los objetivos de déficit público.
Cultura de Transparencia y Valoración de los Servicios y Recursos Públicos: Hay que fomentar entre los ciudadanos, y en particular entre los niños y jóvenes de los diversos niveles educativos, una cultura en la que los Recursos y Servicios Públicos sean considerados algo sumamente valioso para todos y no solo una cuestión que afecta a los gobiernos, políticos y funcionarios. Crear en los ciudadanos un hábito de reclamar cuando un servicio público no ha sido prestado o se ha hecho de forma deficiente por los cauces que se faciliten desde la administración y no en conversaciones privadas sin trascendencia.
Consideramos necesario dar publicidad de todas las propuestas recogidas en el trámite de consulta publica sobre este anteproyecto de ley para que los ciudadanos puedan conocerlas y se fomente el debate sobre las cuestiones relativas a la transparencia y al acceso a la información. Así mismo debería publicitarse la respuesta del Gobierno a dichas aportaciones.
El propósito por parte del Gobierno no debe ser simplemente sacar adelante una Ley de Transparencia como mera formalidad sino que exista un decidido compromiso para que la transparencia impregne la práctica cotidiana de los responsables políticos, servidores públicos y ciudadanos en general.