Declaración de la Cumbre Social de Salamanca

Incluimos a continuación la Declaración de la Cumbre Social de Salamanca, cuyo acto constituyente tuvo lugar el pasado 6 de septiembre en el centro municipal Julián Sánchez "El Charro". El primer objetivo de esta plataforma no es otro que movilizar a la ciudadanía salmantina para que se sume a la cita reivindicativa nacional que tendrá lugar el próximo sábado día 15 de septiembre. La Agrupación Local de Izquierda Republicana se suma a la Cumbre Social Provincial.

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Desde el convencimiento de la necesidad de unidad, compromiso y voluntad de cambio, constituimos en Salamanca la Cumbre Social Provincial. Las organizaciones firmantes de este manifiesto, partimos de una premisa básica, la unidad de acción para el cambio político, económico, social y laboral que se está imponiendo en nuestro país, en nuestra región y en nuestra provincia, al margen de los programas electorales propuestos y a espaldas de la ciudadanía. Porque creemos y defendemos firmemente otra forma de hacer política, por el empleo, por nuestro tejido industrial, por nuestros servicios públicos, por la calidad de vida de nuestras familias y de las personas, esta Cumbre Social de Salamanca nace por la necesidad de parar y hacer ver a nuestras administraciones y gobiernos, que otro rumbo más social y solidario es posible y debe llevarse a cabo a través de una nueva consulta, por haber cambiado el compromiso electoral.

Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social.

Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las cuentas públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo posible.

Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros.

En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro, incluso culpabilizándolas de su situación; empobrece a la inmensa mayoría de personas asalariadas y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación, la sanidad pública, los servicios sociales y la dependencia; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio.

La crisis ha incrementado las desigualdades sociales. En España, ya en 2010, con datos de EUROSTAT, contábamos con la mayor desigualdad de rentas entre ricos y pobres de toda la UE-15 y de toda la zona euro. En 2011, también con datos de EUROSTAT, el gasto público de España era un 5,8% del PIB inferior al de la zona euro de la que formamos parte (el equivalente a unos 62.000 millones de euros menos); en cambio, nuestros ingresos públicos eran un 10,2% del PIB inferiores al promedio de la zona euro, el equivalente a casi 110.000 millones de euros menos (más de 11,2 veces el presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año). Esta situación afecta particularmente al gasto social que, al contrario que se pretende en ocasiones hacer creer, nunca ha sido particularmente elevado en España: ya en 2010, antes del grueso de los recortes, el gasto en protección social (que incluye pensiones, discapacidad, desempleo, exclusión social) en España era del 16,9% del PIB, por el 20,5% en el promedio de la zona euro; el gasto en sanidad y en educación, prácticamente en su totalidad provisto por las Comunidades Autónomas, era del 6,5% y el 4,9% del PIB, respectivamente, en España, por el 7,5% y el 5,1% en el promedio de la zona euro. Todos estos datos se han agravado en 2012, con el repunte de la crisis y de los recortes, y se prevé que sigan agravándose en años venideros, con la cronificación de la misma.

Castilla y León no es ajena a esta realidad. En solo tres años, el gasto público de la Junta ha pasado de representar el 19,29% del PIB de la Comunidad al 16,98%; esto es, un deterioro de más de 1.300 M€, que alcanzaría casi 1.750 millones de euros, si se excluye del cálculo el pago de los intereses de la deuda. Esto ha llevado a un grave deterioro de la financiación de políticas como las infraestructuras, el empleo, el desarrollo rural, la vivienda, el medio ambiente, la cultura y, en general, la inversión pública, con un enorme coste en términos de empleo.

En Salamanca, la situación se recrudece aún más, con 33.079 Personas en desempleo, un 28.81% de la población activa. Más de 15.000 personas no cobran ningún tipo de prestación ni subsidio, jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración, siguen siendo los grupos con peores perspectivas de mejora en su futuro laboral ni a corto ni a medio plazo.

Un débil tejido productivo, con un Sector Servicios incapaz de remontar índices de contratación ni en turismo ni en hostelería ni comercio, subsistiendo por el consumo interno que genera del empleo público mayoritario en la provincia, el cual ahora se ve gravemente afectado, tanto en estabilidad laboral como en recursos económicos; un Sector de la Construcción que hace meses que ya ha tocado fondo; el Sector Agroalimentario pobre y que con la nueva normativa planteada por el Ministerio de Agricultura sobre la catalogación del producto ibérico, corre serio riesgo de dejar sin empleo a más de 3000 personas en nuestra provincia y de acabar con innumerables industrias y productores y un Sector Industrial empobrecido y que se agota, con cada vez más pequeñas y medianas empresas que desaparecen de nuestra provincia.

Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España, según datos de la OIT, el empleo público representa el 8% de la

población adulta, sensiblemente por debajo del resto de países europeos para los que existen datos comparables: Alemania (8,5%), Francia (13%), Finlandia (15,1%), Dinamarca (21%) o Reino Unido (12,3%). Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público.

Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El pasado 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo de Rajoy.

No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que participamos en la Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años.

EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS MARCHARÁN A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA.

De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. SI NO LO HICIERA, SEREMOS LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE SOCIAL LAS QUE LLEVEMOS A CABO LA CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA POPULAR Y CON EL RESULTADO DE LA MISMA ACTUAR EN CONSECUENCIA. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR.

Salamanca, 6 de septiembre de 2012