Izquierda Republicana continúa el proceso legal contra un grupo de ex afiliados que intentan usurpar su legitimidad

Izquierda Republicana continúa el proceso legal contra un minúsculo grupo de ex afiliados que intentan de forma interesada usurpar su nombre y legitimidad. Esta batalla legal continúa una vez que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que la resolución del litigio contra dichos falsarios debe resolverse en el ámbito de la Jurisdicción Civil, y no de la Penal. Izquierda Republicana ha acusado a estas personas de falsificación de documento público al registrar notarialmente la celebración de un supuesto congreso del partido del que no constan ni su convocatoria ni sus participantes, y tampoco testimonio gráfico o audiovisual alguno.

Izquierda Republicana acata el dictamen de la Audiencia Provincial, que no otorga razón ni derecho alguno a los denunciados, aunque no puede estar de acuerdo con él, puesto que rechaza la apelación presentada por IR para que se celebrase juicio por lo que consideramos un claro y flagrante delito de falsificación previsto en el Código Penal. Al acatar esta decisión, Izquierda Republicana quiere subrayar que el proceso judicial contra tales falsificadores de documentos y siglas sigue adelante con pleno vigor por vía civil, no descansando en su esfuerzo de limpiar el nombre del partido de falsificaciones e intentos de usurpación de sus siglas por un exclusivo interés particular de un pequeño grupo de personas cuyo único fin es la detentación, en beneficio propio, de los restos de un patrimonio económico que el franquismo incautó a IR y el Gobierno devolvió hace siete años.

A ello se debe su huida hacia adelante para nunca hacer públicas las cuentas de lo que estas personas -en su gran mayoría pertenecientes a la dirección del partido saliente del congreso que IR celebró en octubre de 2007- han hecho con tal patrimonio, rendición de cuentas que ni en aquel Congreso ni hasta ahora han realizado. Debido a esto, sigue sin conocerse el paradero de una importante parte de los 3 millones de euros (500 millones de pesetas) que el partido recibió como devolución de lo incautado en 1939.

La demanda judicial contra estas personas se mantiene incólume en toda su fuerza, para que respondan por sus invenciones que denigran el buen nombre de nuestro partido y la causa republicana.

Madrid, 8 de marzo de 2011

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana