Desde la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana llevamos tiempo denunciando que el capitalismo está en una fase terminal como forma de organización social y económica, pero aquellos que están al mando de los gobiernos, las finanzas y las grandes empresas se han propuesto que muera matando y su víctima predilecta son los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.

En España lo hemos experimentado a través del incremento en la edad de jubilación, la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, una reforma laboral que facilita el despido y fomenta la temporalidad y la precariedad en el empleo... Todas ellas medidas tomadas por el gobierno autodenominado socialista en aras de incrementar la confianza de los mercados, nombre que trata de ocultar a los especuladores y rapiñadores de las arcas públicas. Los medios de intoxicación al servicio de estos personajes han decidido que el mal supremo es lo público y singularmente el estado de bienestar (bastante raquítico en nuestro país) y utilizan toda las armas posibles desde la artillería pesada al navajeo infame para acabar con su enemigo.

El ultimo episodio, por ahora, de esta desigual batalla, es la reforma constitucional que en plan comida rápida han cocinado los partidos mayoritarios para limitar el gasto publico. La indecencia de los partidos dinásticos que dicen representarnos empieza a alcanzar cotas incompatibles con la dignidad de los ciudadanos. Parece ser que lo principal el tranquilizar a los insaciables mercados aunque sea tragándose el sapo de reformar esa granítica constitución intocable hasta hace una semana.

Aunque la propia Constitución contempla la posibilidad de que esta reforma sea sometida a referéndum si así lo demandan una décima parte de los diputados o senadores, la composición actual de las cámaras fruto de la injusta ley electoral que padecemos no permitirá que los ciudadanos puedan pronunciarse acerca de esta trascendente medida. En la línea del más puro despotismo ilustrado "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Según el PSOE, la convocatoria de un referéndum solo serviría para aumentar la incertidumbre de los temerosos mercados. Al parecer las incertidumbres de los ciudadanos no suponen especial preocupación para el partido del gobierno. En cuanto al partido de la oposición aplaude con fervor una medida sobre la reclama su indiscutible paternidad. El PP se frota las manos con el trabajo sucio que les está haciendo Zapatero.

España ha vivido un sucedáneo de democracia desde 1978, ahora ya no podemos hablar ni de sucedáneo. Se va a constitucionalizar una medida injusta, absurda y que impide que el gasto público pueda financiar inversiones a largo plazo que son imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Es una medida con consecuencias gravísimas para la vida de los españoles y se quiere hacer sin un debate ciudadano, de forma apresurada y al final de una legislatura moribunda.

Si los ciudadanos no reaccionamos ante esta situación, estaremos empezando a perder nuestra dignidad para ser unos simples títeres en manos de déspotas que deciden por nosotros. ¿Es lo que queremos?.

Desde Izquierda Republicana tenemos claro que no, por lo que apoyamos la recogida de firmas para pedir la celebración de un referéndum así como las movilizaciones que se realicen en contra de esta reforma.

30 de agosto de 2011.

Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.

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