Después de dos legislaturas de sucesivos aplazamientos por parte de los gobiernos de Rodriguez Zapatero, el gobierno del PP parece manifestar cierta voluntad de afrontar la elaboracion de una Ley de Transparencia. Desde Izquierda Republicana exigimos que esta ley no se quede en puro formalismo y que no se diluya en indefiniciones que supongan el blindaje o la justificación de conductas contrarias al derecho al acceso a la información del ciudadano.
Analizando el anteproyecto de ley presentado y dada la posibilidad, a día de hoy prácticamente excepcional, de poder realizar alegaciones en el trámite de consulta pública, Izquierda Republicana participa como partido recogiendo las propuestas de sus afiliados y simpatizantes para mejorar esta normativa superando los contenidos mínimos que recoge el anteproyecto en su redacción actual.
Animamos a los ciudadanos en general a que se informen del anteproyecto en la web correspondiente y que realicen su aportaciones a través del formulario electrónico de consulta pública.
Hacemos públicas nuestras propuestas a través de internet, para iniciar así un debate necesario acerca de cómo los responsables públicos han de afrontar los problemas derivados de la opacidad de las administraciones en su funcionamiento dando a los ciudadanos una posibilidad real de conocer sus motivaciones y participar en sus decisiones:
- Regular el derecho al acceso a la información como derecho fundamental, dado que es parte inherente de la libertad de expresión.
- Aplicar los criterios de transparencia y acceso a la información al presupuesto y patrimonio de la Casa Real dado que también se nutren de los Presupuestos Generales del Estado por lo que los contribuyentes tienen derecho a conocer los detalles de esta partida presupuestaria y su aplicación y gestión.
- La contestación expresa será obligatoria, independientemente de cual sea el sentido de la misma, evitando el recurso abusivo al silencio administrativo.
- Dotar de recursos suficientes a los organismos y unidades encargados de las funciones de acceso a la información de forma que cumplan su labor con la mayor eficiencia.
- Prever sanciones en el caso de obstrucción en el acceso a la información por parte de cargos públicos, responsables administrativos u otras personas encargadas de proporcionar dicho acceso.
- Incluir la exigencia de transparencia en el proceso de elaboración de leyes, planes y proyectos de todo tipo en todas las administraciones, con acceso a toda la documentación que relevante en el proceso, desde las aportaciones y borradores hasta las correcciones introducidas y sus justificaciones y motivaciones.
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