"Otra economía es posible". Acto de presentación de ATTAC en Salamanca.

Desde la Agrupación Local de Izquierda Republicana os recomendamos asistir a este acto en el que cuatro prestigiosos ponentes abordarán las alternativas al sistema económico actual desde diversas perspectivas.

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El día de la infamia

Izquierda Republicana valora los recortes brutales anunciados ayer en el Congreso.
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Llamamiento a la movilización y a la convergencia social

Comunicado de la I Jornada de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción

Reunidas en Madrid personas de toda España organizadas en torno a distintas mesas de convergencia y promotoras territoriales, manifiestan

1. Que valoramos la situación de la Unión Europea y, en particular, de España, como de emergencia. Esta situación es consecuencia del incremento de la deuda privada y pública que ha provocado la crisis generada por la banca internacional y la aplicación de las políticas neoliberales y de recorte de salarios y gasto social de los últimos tiempos. No se han reformado los mercados financieros, no se ha puesto fin a las irregulares prácticas bancarias y las autoridades han sido incapaces de garantizar la financiación necesaria para que las economías vuelvan a crecer y a crear empleo. Y en lugar de favorecer la generación de ingresos que permita aliviar cuanto antes el peso de la deuda, los grupos financieros se empeñan en hacerle frente con nuevos créditos que solo consiguen aumentar su peso y el coste que han de soportar las clases trabajadoras. La especulación financiera ahoga a los pueblos, y mientras tanto las autoridades solo han anunciado que dedicarán de nuevo el dinero que haga falta para salvar a la banca.

2. Que, en contra de las mentiras de los medios oficiales y de las autoridades, tenemos la certeza de que hoy día es completamente imposible que la deuda de los estados y particulares europeos se pueda pagar, por lo que consideramos que la única alternativa es auditarla y organizar una quita o reestructuración que permita desplazar su pago a lo largo del tiempo mediante una forma menos onerosa. Y, al mismo tiempo insistimos es que urgente e inaplazable realizar reformas esenciales para rediseñar la unión monetaria y el estatuto del banco central europeo, así como para garantizar la imprescindible coordinación de las políticas económicas y la disposición de un verdadero presupuesto europeo.

3. Que las políticas y medidas que se vienen aplicando no sirven para salir de la crisis porque, como estamos viendo, implican una mayor desigualdad y altos niveles de desempleo, y porque de ninguna manera resuelven los  dos grandes problemas que es necesario solventar para que las empresas puedan crear de nuevo empleo: financiación y demanda efectiva. Por eso reafirmamos que es imprescindible la creación de una banca pública que inmediatamente proporcione el crédito que necesitan las empresas y las personas que crean riqueza y empleo, y que se ponga fin a los recortes salariales y de gasto público y social.

4. Que se está produciendo un auténtico atentado a la soberanía nacional cuando se imponen estas medidas que solo favorecen a los poderes económicos sin que sean debatidas ni aprobadas por la ciudadanía y ni siquiera por los poderes representativos, como ha ocurrido con la reciente reforma constitucional.

5. Que todo ello ya esta provocando pérdidas sustanciales del nivel de vida de las clases trabajadores y que esto sin duda se agravaría si finalmente se produce el triunfo del Partido Popular, como es fácil deducir a la vista de lo que sus dirigentes vienen haciendo en las comunidades en las que ha empezado a gobernar.

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Otra salida de la crisis es posible.

Desde la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana hemos venido anunciado y denunciado en diversos documentos (ver en la columna de la izquierda) el progresivo recorte de nuestro escualido estado social y las funestas consecuencias de las decisiones gubernamentales apoyadas en las antidemocráticas instituciones europeas y unos mercados ávidos de acabar con los restos que puedan quedar de los servicios públicos. Con el vergonzante pacto firmado hoy se consuma una agresión más, en este caso limitando y degradando el derecho a una pensión digna para los trabajadores. Los sindicatos UGT y CCOO no pueden venderlo como una victoria. Es una derrota notable que va a servir a los tiburones neoliberales para dar nuevas dentelladas. Nos hacemos eco de esta convocatoria del presidente de ATTAC para configurar una respuesta desde la izquierda ante esta ofensiva que está desbordando todo lo imaginable. Es necesaria, imprescindible y por pura dignidad ciudadana debemos estar ahí.

• Más información: Mesas de Convergencia. Para una salida social a la crisis

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Comunicado de la plataforma ACTIVOS CONTRA LA CRISIS

Comunicado de la plataforma ACTIVOS CONTRA LA CRISIS, formada por sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos ante la situación social y económica que atraviesa el Estado Español y la Unión Europea y ante los nuevos recortes sociales y laborales aprobados y/o anunciados por el gobierno español y los gobiernos autonómicos.

Activos contra la crisis, denuncia y anuncia nuevamente que la profundización en las politicas neoliberales por parte del Gobierno, solo producirán más cirisis, más paro y mayor sufrimiento. Es inadmisible que se gobierne y actúe pensando solo en la Banca y no en las personas, las familias, los pequeños emprendedores y en que sean precisamente las clases populares las que paguen una crisis que no han generado.

Activos contra la crisis entiende que el empeoramiento de las condiciones de jubilación de las trabajadoras y los trabajadores son la causa más que justificada para una movilización social continuada y sostenida que incluya una nueva Huelga General.

Por eso, Activos contra la crisis iniciará una campaña para explicar la necesidad de defender el Sistema Público de Pensiones, que a pesar de su buena salud financiera y demostrada viabilidad, es objeto desde hace tiempo de una campaña de falsedades impulsada por diversos grupos de presión vinculados a la Banca y los fondos de pensiones privados que tienen por finalidad asustar a las futuras personas pensionistas, justificar el proyecto gubernamental de reforma, y revitalizar el negocio de las pensiones privados que han sufrido graves pérdidas y credibilidad con la crisis.

Además anuncia que seguira colaborando y trabajando con las personas afectadas por deshaucios y embargos y proponiendo un cambio de legislación escandalosamente faborable a la Banca. Apoyamos a las personas que están siendo desahuciadas y se quedan sin su vivienda, sin sus ahorros y con deudas con la banca.

Para Activos contra la crisis la lucha contra el paro y a favor de los parados es y será una de las clave de nuestra acción. Creemos que la eliminación de los 426 euros mensuales de ayuda, casi limosna, es la otra línea roja que justifica una movilización sostenida y una nueva Huelga General. Apoyamos las acciones del movimiento de personas paradas contra la supresión de dicho subsidio y por su mejora y extensión a todas las personas en paro sin prestación de desempleo.

También nos oponemos a las privatizaciones y eliminación de los servicios públicos como la sanidad, educación, transporte o servicios sociales y a los recortes de los derechos laborales del personal del sector público que se están llevando a cabo tanto por el gobiernos español como por los gobiernos autonómicos.

Desde Activos contra la crisis consideramos que hay alternativas, que otras políticas son posibles tanto en los ámbitos autonómicos, estatal y europeo para hacer frente a las pretensiones del mercado, de la banca y del sistema financiero de acabar con los derechos sociales y laborales de las trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadania.

Por todo eso, Activos contra la crisis hace una llamada a la movilización general, sostenida y continuada y apoya, las acciones previstas, algunas pendientes de confirmarse, para las próximas semanas:

- Manifestación estatal el próximo día 22 de enero que tendrá lugar en Madrid .

- Manifestación convocada en Barcelona el próximo 22 enero.

- Acciones descentralizadas el próximo día 27 de enero en los diferentes territorios.

- Acciones el próximo día 3 de febrero coincidiendo con la cumbre bilateral que celebrarán los gobiernos español y alemán.

- Una nueva Huelga General para el próximo mes de febrero.

Madrid, 8 de enero de 2011

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Recortes injustos, democracia cuestionada

El anuncio de recortes en el gasto público efectuado ayer por parte del Presidente del Gobierno viene a suponer la confirmación de la victoria absoluta de las tesis neoliberales en nuestro país apoyándose en las instituciones financieras internacionales (como el FMI y los mercados de deuda) así como en los mensajes enviados desde la Unión Europea. Es evidente que el gobierno español ha cedido de forma irresponsable y se ha sumado al carro de los que cargan el peso de la crisis en los sectores más débiles de la sociedad mientras que los beneficiarios de las sucesivas burbujas permanecen a salvo de cualquier inquietud.

Injusto es el recorte de los salarios de los empleados públicos en una media del 5% cuando hasta hace sólo unos meses se nos decía que se mantendría su poder adquisitivo y que ni siquiera se planteaba la congelación salarial. Hacen mal algunos sectores sociales en alegrarse de este recorte puesto que se trata de un medida ejemplificadora y muchos empresarios van a disponer de una referencia en su negociación al ver el comportamiento del gobierno con sus empleados. Eso por no hablar de los efectos que pueda tener esta disminución de ingresos de muchas familias en el crecimiento económico y en la recaudación fiscal.

También supone una grave injusticia el hecho de que la mayor parte de las pensiones de nuestros mayores no vayan a ser actualizadas de acuerdo con el incremento del IPC. Se trata de un sector con graves dificultades económicas debido a que la mayor parte de las pensiones son de cuantías ínfimas teniendo que soportar estrecheces para llegar a fin de mes.

Injusto es que se retire tras escasos años de aplicación el llamado “cheque-bebé”, una de las pocas medidas, ya de por si bastante insuficiente, de ayuda a las familias. Su implantación de modo lineal, otorgando la misma ayuda sin atender a los ingresos ya fue errónea pero el gobierno vuelve a equivocarse en su eliminación para todas las madres.

Finalmente, se remata la injusticia haciendo recaer los recortes del gasto público en los beneficiarios de la Ley de la Dependencia, aun insuficientemente implantada.

El gobierno socialista ha optado por las recetas más fáciles servidas por las cocinas del neoliberalismo. Todo para “tranquilizar” a unos mercados cuya voracidad es insaciable, lo que supone que los recortes muy probablemente no se quedarán ahí. Es fácil que próximamente volvamos a escuchar amenazas respecto a las pensiones y que se articule una reforma laboral gravemente perjudicial para los intereses de los trabajadores.

Nada se ha concretado con respecto a la posibilidad de elevar los ingresos de las arcas públicas mediante una persecución decidida del elevado fraude fiscal, la elevación de los tramos del IRPF de las rentas más altas, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio,… entre otras posibles medidas. Parece que nos quiere molestar a las grandes empresas y fortunas que con crisis o sin ella siguen mostrando cuantiosos beneficios.

Llama la atención el contraste entre la generosidad del gobierno con bancos y cajas cuando estos se vieron apurados por sus pésimas decisiones inversoras hace escasos meses con el rigor que se aplica a una gran parte de los ciudadanos que no tuvieron ninguna culpa de la incubación de la actual crisis.

Por otra parte, parece claro que en lo que respecta a las políticas económicas, los españoles no somos soberanos a la hora de tomar decisiones. Los mandatarios de la UE, EEUU y las instituciones financieras internacionales son las que marcan su particular modo de que salgamos de la crisis. Ni nuestro gobierno ni el parlamento, fruto de la voluntad popular, parecen tener margen de maniobra. Los ciudadanos debemos cuestionarnos si lo que vivimos en España es una democracia real o virtual. Nuestro gobierno no puede ser el títere de intereses particulares de grandes empresas, fondos de inversiones, bancos,…

Reiteramos desde Izquierda Republicana la necesidad de buscar un nuevo modelo económico y social alternativo que supere el actual sistema capitalista. Esta no es una crisis más. Revela las graves carencias del capitalismo para responder a las demandas de la sociedad. Sus recetas van en el camino de empobrecer a la gran mayoría de los ciudadanos y abrir un abismo social cuyas repercusiones pueden ser muy graves.

Asimismo queremos insistir en que las decisiones sobre políticas económicas no pueden quedar en manos de organismos e instituciones no elegidos por los ciudadanos y cuya presunta independencia es bastante cuestionable a la luz de su actuación en esta crisis.

Ramón García Hernández

Comisión de Economía y Mundo Laboral

Izquierda Republicana

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Pensiones y reforma laboral: No más pasos atrás.

En las últimas semanas, la excusa de la crisis económica y sus funestas consecuencias tanto en el terreno laboral como económico ha servido de cobertura para que desde el neoliberalismo triunfante se exijan mayores sacrificios a la clase trabajadora. Hablan de ajuste utilizando su piadoso lenguaje pero de lo que se trata es de que la mayoría de los ciudadanos, que no se benefició de las sucesivas burbujas financieras, tenga que apechar con las consecuencias de los excesos. De momento ya se esta viendo la crudeza de esos ajustes en forma de incremento desorbitado del paro, que ya supera la cifra de cuatro millones de personas en nuestro país.

Pero los sacerdotes de la religión capitalista no se conforman. El presidente del gobierno acudió a la cumbre de Davos y volvió con el encargo de seguir recortando el gasto público con la amenaza de que si no cumplía, la deuda española encontraría dificultades para ser financiada en los mercados especulativos. De este modo, nos encontramos con la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, un recorte del gasto público por importe de 50.000 millones de euros y una reforma laboral cuyo calado no se acaba de perfilar pero que indudablemente supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.

En la propuesta sobre las pensiones se han alegado una serie de motivos demográficos y de sostenibilidad del sistema que son bastante discutibles teniendo en cuenta hasta hace escasas fechas, desde el gobierno se nos aseguraba la gran fortaleza del sistema de Seguridad Social (superávit, Fondo de Reserva…) que garantizaba las pensiones. Estos bandazos dan a entender claramente que a los ciudadanos se les miente según conviene y no se le aportan los datos que les permitan tener un juicio adecuado sobre cuestiones importantes para sus vidas. Evidentemente se debe asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones actual basado en la solidaridad intergeneracional y es probable que haya que ajustarlo a las nuevas expectativas en cuanto a esperanza de vida o evolución de la población activa pero también hay que apuntar que las pensiones pueden ser financiadas por otras vías que no sean las cotizaciones sociales. Por otra parte, detrás de este cuestionamiento del sistema público subyace el propósito nada oculto de fomentar los fondos privados de pensiones con los que los mercados financieros engrasan su maquinaria especulativa con resultados nefastos en muchas ocasiones para los ciudadanos que los contratan.

En cuanto a la reforma laboral, ya apuntábamos en nuestro documento sobre despidos y beneficios, que esta expresión es la forma amable de llamar al abaratamiento del despido y al recorte de derechos laborales. Con la globalización, es sumamente fácil para muchas empresas trasladar su producción a los países más dispuestos a rebajar los derechos de los trabajadores y el uso de esa presión les facilita la consecución de mayores beneficios a costa de la reducción de los salarios. Los sindicatos mayoritarios deben abandonar sus tibias posiciones al amparo de las subvenciones públicas para cumplir el papel que se supone que deben cumplir frente a la ofensiva de las grandes organizaciones empresariales.

Por lo que se refiere a los recortes en el gasto público, es claro que desde las Administraciones Públicas se debe ejemplificar y proceder con la mayor austeridad y rigor pero todo ello teniendo en cuenta que el gasto social es en este momento más necesario que nunca. En este aspecto, no podemos dejar de criticar como republicanos la opacidad y despilfarro que caracterizan las cuentas de la casa real. No hay que olvidar las posibilidades de aumentar los ingresos públicos mediante un sistema tributario verdaderamente progresivo y un decidido esfuerzo para combatir de forma efectiva el fraude fiscal.

Después del anuncio de estas medidas, se ha levantado una notable oposición tanto política como social y el gobierno, aparentemente, ha comenzado a titubear. Pero los ciudadanos no podemos dejarnos engañar. Los mercados van a seguir utilizando todos los medios a su alcance para conseguir sus fines. Al igual que amenazaron con el colapso financiero si no se aportaba dinero público a los bancos, ahora toca profetizar terribles desastres si no se recortan los derechos sociales. Para ello se sirven de numerosos “expertos” que desde sus tribunas ilustran y justifican sus exigencias. Todo ello es ejecutado por unos gobiernos incapaces de mantener las convicciones por las que han sido elegidos por los ciudadanos. En el caso de España, nos encontramos con un gobierno socialista que, pretendiendo ser de izquierdas, no duda en ejecutar políticas neoliberales como lo hizo en su día el Partido Popular.

El chantaje es permanente en el sistema capitalista. Si los ciudadanos, asustados, seguimos dando pasos para atrás en la defensa de nuestros derechos terminaremos cayendo al precipicio. No debemos de pensar de modo egoísta buscando soluciones individuales a costa de la desgracia de los otros. Estaremos haciendo el juego al sistema y los que piensen que se han librado terminaran siendo igualmente víctimas de la exclusión social.

Desde Izquierda Republicana pensamos que esta crisis nos da la oportunidad de elegir, de salir de unas dinámicas perversas cuyos efectos estamos viviendo día a día en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos… No podemos permitir que nuestro futuro se decida en las mesas de unos poderosos a los que no hemos elegido. Este sistema está agotado y es cada vez más cruel con los más débiles; demos un paso al frente en dirección a otro futuro más justo, más libre y más solidario.

Ramón García.
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.

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Despidos y beneficios en tiempo de crisis

(Documento elaborado por la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana a propuesta de la Agrupación Provincial de Alicante)

Para una adecuada comprensión de la situación actual en relación con los despidos que se están produciendo actualmente en las empresas relacionados con la crisis económica, el punto de partida no puede ser otro que el análisis de la normativa básica que regula las relaciones laborales, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores.

En principio el artículo 49.1.l) establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por “causas objetivas legalmente procedentes”. Esto debe ser puesto en relación con lo previsto en el artículo 52.c):

“El contrato podrá extinguirse: (…)

c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.”

Finalmente, el artículo 51.1, referido al despido colectivo establece lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos.”

Para finalizar esta introducción hay que apuntar que en caso de despido improcedente, el trabajador no tiene la facultad de poder reincorporarse a su puesto de trabajo si no que la opción es ejercitada por la empresa entre la reincorporación o la indemnización. Todo ello da lugar a que podamos hablar de un despido libre con indemnización.

No conviene olvidar por otro lado, que, aunque el Estatuto de los Trabajadores contenga una serie de previsiones acerca de la necesidad de que las empresas justifiquen la situación económica negativa, la jurisprudencia ha cambiado notablemente a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2008. Desde entonces se ha facilitado la acreditación de las circunstancias que dan lugar a los despidos por causas económicas. Simplemente hay que acreditar la existencia de pérdidas cuantiosas y continuadas que presuman que la amortización de puestos de trabajo contribuirá a la superación de la situación.

Desde el comienzo de la crisis económica que ahora nos azota hemos asistido a un goteo cada vez más intenso en la destrucción de empleo por parte de las empresas tratando de mantener sus cuentas de resultados.

En España, uno de los mecanismos más utilizados ha sido la no renovación de los diversos tipos de contratos temporales cada vez más precarios. Una fórmula ágil y barata para los empresarios que recurrieron a este tipo de contratación con las bendiciones de los gobiernos. Es una forma de mejorar las estadísticas del paro y el empresario se ahorra costes sociales y futuras indemnizaciones. Evidentemente, todo confluye en aumentar los beneficios.

No obstante, no podemos decir que estos privilegios sean nada nuevo en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Históricamente se ha facilitado a las empresas la realización de ajustes en la plantilla de trabajadores en cuanto las cuentas de resultados lucían unos resultados menos lustrosos.

Si se consulta la hemeroteca podemos comprobar como en cada momento de crisis o apreturas económicas la destrucción de empleo ha sido la principal herramienta utilizada por las empresas: Crisis del petróleo de 1973 y 1979, reconversión industrial en los años 80, “crash” tecnológico y bursátil en los noventa,… A todo ello ha contribuido de manera destacada las llamadas políticas de competitividad de la Unión Europea.

Las formulas han sido diversas: Expedientes de regulación de empleo (EREs), prejubilaciones, despidos individuales… El interés empresarial cada vez ha sido más poderoso y los controles externos han ido disminuyendo hasta convertirse en una mera formalidad. Hemos llegado a nuestros días con una flexibilidad casi absoluta tanto en la entrada como en la salida de trabajadores del mercado laboral. Poco a poco, se ha transformado el empleo estable y con derechos laborales por un empleo precario y sin derechos, llegando a sustituir las relaciones laborales por relaciones comerciales (contratos mercantiles, falsos autónomos).

Es por ello que no nos debe extrañar que actualmente nos encontremos con despidos en empresas que muestran beneficios en su contabilidad. Pueden revestir la forma de despidos individuales o de despidos colectivos (EREs y otros similares).

¿Qué planteamos desde Izquierda Republicana?

Los republicanos de IR nos oponemos de forma tajante a que la masa salarial sea la que cargue con los costes sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además entendemos que los sacrificios de los trabajadores tanto en términos de pérdida de empleo como de congelaciones o reducciones salariales no van a ser la puerta de salida de esta situación sino que contribuirá a que ahondemos cada vez más en ella.

Proponemos una modificación normativa inmediata que se debe reflejar en el Estatuto de los Trabajadores. Se prohibirán los despidos por causas económicas en empresas que tengan beneficios en sus últimos resultados presentados.

En el caso de empresas con pérdidas en el último ejercicio pero con resultados positivos en los tres anteriores se establecerán limitaciones en cuanto al porcentaje de posibles despidos en función del tamaño de la plantilla y de la cuantía de las pérdidas en último ejercicio.

Se reforzaran los mecanismos de acreditación de las circunstancias económicas que puedan dar lugar a los despidos incluyendo los controles externos que deberán correr a cargo de comisiones mixtas con la participación de representantes de los trabajadores, de la empresa y de los servicios públicos de empleo cuyo dictamen será vinculante.

Por otra parte, en los casos de despidos improcedentes, la posibilidad de elección entre reincorporación del trabajador o indemnización no será facultad de la empresa sino que deberá decidir el Juzgado de lo Social correspondiente habiendo escuchado las alegaciones de empresario y trabajador. En determinados casos la reincorporación podrá ir ligada al compromiso del trabajador y la empresa de recibir una formación que permita a aquel reubicarse en otro puesto de trabajo más adecuado a los intereses del empresario.

No nos olvidamos de que el marco socio-económico en el que España se sitúa es el de la Unión Europea. En este sentido, es evidente que desde este contexto, los contenidos sociales y singularmente las relaciones laborales no han sido nunca una prioridad. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante buscando siempre la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad de los productos europeos en los mercados mundiales a costa del sacrificio de los trabajadores. Por ello, después de 52 años de andadura, las instituciones europeas han de reorientarse en un sentido social que garantice para sus ciudadanos unas condiciones dignas en sus puestos trabajo incluyendo la prohibición de despidos en empresas con beneficios.

Se trata en definitiva, de recuperar para los trabajadores unos espacios de derechos que nunca debieron de perderse en nombre de una modernización y una competitividad que en el contexto actual de crisis han mostrado su verdadera y desagradable cara. La situación actual, tal y como ya se apuntaba en nuestro anterior documento sobre Banca Pública, viene a cuestionar al capitalismo como sistema económico que pueda permitir a la humanidad progresar de una forma digna y sostenible. Hay que ir buscando alternativas sobre todo a través de una mayor participación pública en la economía y en las relaciones laborales. El Estado, con la participación de unos ciudadanos implicados puede y debe tener un papel notable en la configuración de lo que debería ser un nuevo sistema socioeconómico que todavía está por definir.

Desde Izquierda Republicana vamos a seguir trabajando en nuevas propuestas en ese sentido.


Ramón García
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.
Noviembre de 2009

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