Alternativa Republicana Salamanca: garzón

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De la injusticia a la indecencia

COMUNICADO DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Desde Izquierda Republicana manifestamos nuestra más rotunda repulsa ante la sentencia que inhabilita por once años al juez Garzón en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El despeñadero por el que parece haberse lanzado la Justicia en España en los últimos tiempos no parece tener fondo. La condena a Baltasar Garzón por prevaricación al ordenar escuchas, con la anuencia de la fiscalía, en el marco de la instrucción del proceso contra la trama de corrupción bautizada como “Gürtel” puede que no sea el último escalón por descender.

En esta misma jornada, tan infausta para los que apreciamos las libertades y la democracia, hemos tenido conocimiento de que el Consejo General de Poder Judicial está investigando al juez Castro, ante el que declarará Iñaki Urdangarín en las próximas semanas, debido a las filtraciones del sumario que se están produciendo. Cualquier ciudadano mínimamente interesado en la actualidad puede enumerar múltiples casos de filtraciones sumariales sin que en ningún caso se haya procedido a actuación alguna por parte del CGPJ. No debemos de olvidar que en este procedimiento ni se ha imputado ni siquiera se ha planteado que declare Cristina de Borbón cuando se sabe de su participación en algunas de las sociedades involucradas.

Podemos seguir recordando los otros dos juicios pendientes de sentencia contra Garzón, la absolución de Camps y Costa después de escuchar grabaciones sonrojantes… pero no haríamos otra cosa que revelar la evidencia: el poder judicial en España es una de las grandes palancas para mantener al país sometido a los poderes que lo dominan desde hace décadas. En el seno de la justicia española anida el más rancio franquismo, conservadurismo, machismo, clasismo, catolicismo… todo lo peor de la tradición frente al progreso.

No merece esta justicia credibilidad alguna para los ciudadanos dignos de tal nombre. En la prensa extranjera se la ridiculiza con toda la razón. Solo los poderosos y los corruptos se llenarán la boca con su “respeto escrupuloso por las decisiones judiciales”. Que sigan acatando y respetando la injusticia. Los republicanos solo vemos indecencia.

9 de febrero de 2012.

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana.

Ensañándose con la justicia

En estos días se nos brinda la oportunidad de contemplar un dantesco espectáculo judicial, en ese circo en el que se ha convertido el Tribunal Supremo, viendo cómo se enjuicia al protagonista, Baltasar Garzón, por declararse competente para investigar crímenes de lesa humanidad.

Y es que el evento es todo un escarnio a la justicia. Esta farsa que se está llevando a cabo no es pequeña, atendiendo a los hechos: las personas desaparecidas por la represión franquista desde el levantamiento armado contra la II República se cifran en unas 113000, de las cuales la mayoría morirían asesinados en las tapias de los cementerios o en las cunetas, donde posiblemente seguirán olvidados sus huesos. En las últimas décadas, el estado español ha firmado una larga retahíla de convenios y acuerdos internacionales que le comprometen a investigar los casos de ‘deportaciones, tortura, persecución y desapariciones forzadas’. La lógica del derecho lleva a pensar que esta investigación debería tener lugar, como ya ha ocurrido en Chile, Argentina o Brasil con asesinatos en masa similares… pero aquí eso no está pasando.

Aquí nos topamos con una de las trampas de la ejemplar transición: la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley, que en aquel momento se creyó que amparaba a los presos por motivos políticos, ahora, vista con al perspectiva que dan los años pasados desde entonces, se revela como la coartada que esgrimen las élites de la dictadura para conseguir la impunidad de sus crímenes durante sus años en el poder. La amnistía ha significado impunidad para el franquismo. Han blindado los crímenes de la camarilla de Franco para una investigación, que no ya una condena, de delitos como genocidio, crímenes contra la humanidad que no caducan ni son amnistiables en ningún caso. A Franco, incluso en democracia, se le está colocando por encima de los derechos humanos.

No es un asunto menor el por qué se quieren tapar las vergüenzas del régimen de Franco. La legitimidad del sistema vigente radica en sostener la idea de que la transición fue un proceso ejemplar; con la salvedad de que esta afirmación es desmentida ampliamente en el extranjero, donde el rendir cuentas a la justicia por parte de los capitostes de una dictadura es un asunto innegociable. Si una causa judicial es capaz de cuestionar y anular una de las leyes fundamentales de este proceso, se pondría en tela de juicio a la transición entera, pues sería la demostración de que aquello no se hizo correctamente, y esto llevaría a muchas preguntas interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente: ¿Por qué se toleró durante tantos años esta situación? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la impunidad? ¿Por qué la corona, que capitaneó la transición, amparó esta infamia? ¿Quiénes han estado interesados en sostener esta mentira, y por qué?

No somos pocos los que consideramos que es de justicia absolver al juez Garzón de esos cargos absurdos, para que pueda continuar con la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo y para que cualquier juez en el ámbito de su competencia pueda investigar lo que sucediera en ese periodo con absoluta libertad. Y si ello requiere anular la Amnistía de 1977, que se anule, como se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya que no sería admisible que en una democracia una ley pudiera bloquear una investigación sobre derechos humanos. A no ser que este sistema sea la fachada que envuelva unos poderes que tengan poco de democráticos.

Por ello hay que denunciar el ultraje a todas las víctimas del franquismo y a sus familiares que supone este juicio político, realizado para evitar que se investigue el franquismo y los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante este periodo. Es un juicio contra todos los que denunciamos que la Transición no fue ni mucho menos ejemplar y que en ella se apuntaló la impunidad de los criminales franquistas. Un juicio contra los que nos negamos a aceptar este régimen en el que se rinden tributos a un ministro de la dictadura y se persigue a un juez por querer investigar los crímenes del fascismo.

Luis Iglesias

PRE-IR Tarragona

Secretario de Comunicación de IR

En apoyo a Baltasar Garzón

Ante la infamia cometida por la justicia española en la persona de Baltasar Garzón, desde de la Agrupación Local de Izquierda Republicana apoyamos esta movilización en su apoyo.

IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo.

Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.

Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.

La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.

Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.

PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.

3 de septiembre de 2008

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana