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Un acuerdo beneficioso para la patronal que no defiende el empleo

COMUNICADO DE LAS MESAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN SOBRE EL  “II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACION COLECTIVA”


Tras el primer paquete de medidas antisociales y recesivas del gobierno Rajoy, en medio de sucesivos anuncios de contrarreformas reaccionarias en materia judicial y del aborto, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO-UGT firmaban el “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva”. La satisfacción y felicitación del gobierno a los firmantes del acuerdo son un primer motivo de alerta y preocupación sobre su contenido. El apoyo de Rubalcaba a dicho acuerdo, coherente con la complicidad de la dirección del PSOE con las políticas de ajuste y antisociales de la UE, también son causa de inquietud.

Todos los motivos de preocupación se confirman con la lectura de la Introducción. La “filosofía”, el diagnóstico y las alternativas a la crisis de la economía española en el marco de la Zona Euro con las que se justifican las medidas contenidas en el II Acuerdo son de un rancio “Neoliberalismo”.  La sensación de estar delante de un panfleto del Círculo de empresarios se ratifica cuando leemos la frase  “para alcanzar la recuperación económica, el crecimiento moderado de las rentas y de los precios, constituyen elemento clave”.

Mientras la referencia a que los “beneficios distribuidos deben evolucionar de forma moderada para permitir que el excedente empresarial se dedique a inversiones”  no tiene ninguna concreción en el acuerdo, el objetivo de la moderación salarial se detalla ampliamente, del mismo modo que los objetivos de flexibilidad ordinaria y temporal sobre movilidad funcional y tiempo de trabajo.
En realidad el objetivo de “moderación salarial”  esconde lisa y llanamente la pérdida de poder adquisitivos de los salarios entre 2012 a 2014. Con la aplicación de las “directrices” acordadas la clase trabajadora podría perder como mínimo 1,5 puntos del salario en 2012, y 1,4 en 2013. Además, si los precios de los carburantes y combustibles aumentaran un 10% de un año a otro –cosa muy probable dada las amenazas de bombardeos de Israel y EEUU sobre Irán, o el hecho de que el gobierno del PP haya cedido al boicot a la importación de petróleo de la potencia persa, lo que obligará a buscar de urgencia nuevos proveedores y seguros encarecimientos- serían excluidos del cálculo de la inflación y por tanto de la actualización salarial correspondiente. La actualización, de producirse, “se aplicaría en una vez”, lo que permite suponer que ni siquiera se consolidaría en tablas. Para 2014, el aumento de los salarios ya no se vincula con el IPC previsto y se fija con porcentajes inferiores al crecimiento del PIB de 2013, la actualización sufre un nuevo retroceso al no garantizarse en todos los casos el 100% del resultado  de los criterios aplicados en 2012 y 2013, con todo lo cual se mantiene la tendencia a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
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Ante las medidas antisociales y recesivas del gobierno Rajoy organicemos la respuesta ciudadana

COMUNICADO “MESAS CIUDADANAS PARA LA CONVERGENCIA Y LA ACCIÓN

Haciendo gala de su desprecio a la palabra y compromisos electorales, burlándose de sus propios votantes, en un ejercicio de cinismo e hipocresía, el Gobierno de Rajoy presentaba el pasado 29 de diciembre las primeras medidas de urgencia, el llamado “inicio del inicio” en boca de la vicepresidenta.
Con servil obediencia a las exigencias de “Merkozy” y dando cumplimiento a la reciente reforma constitucional  promovida y votada por el PP-PSOE, se sacrifica el objetivo de crear empleo y combatir el paro en aras de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012. Para hacer tragar las amargas píldoras se dramatiza la cifra del déficit y se “descubre” que ronda el 8%.
El lema franquista del “Todo por la patria” se transforma en el gobierno de Rajoy por el “Todo para los banqueros de Alemania, Francia,…”. La devolución de los créditos a los banqueros y especuladores de Europa y del resto del mundo, junto al saneamiento de la banca española con recursos públicos, tienen absoluta prioridad respecto de las necesidades sociales básicas de la gran mayoría de la ciudadanía.
El “tijeretazo” inicial de Rajoy sobre el gasto e inversión publicas asciende a 8.900 millones de euros y lo sufren los de abajo, es decir, la clase trabajadora y la gran mayoría ciudadana que no ha provocado la crisis. Entre las principales medidas del gobierno se congela el salario mínimo de 641 euros, uno de los más bajos de la UE, incumpliendo el objetivo de la Carta Social Europea de un salario mínimo para España de 1.026 euros. Se congela el salario a los empleados públicos, se amplía su jornada de trabajo a 37,5 horas semanales y se recortan sus derechos, se paraliza la contratación de empleo en el sector público durante los próximos años y se amortizan la mayoría de puestos vacantes por jubilación. Se aplaza hasta enero 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia a nuevos beneficiarios. No se renueva la renta de emancipación a los nuevos solicitantes.
En el capítulo de ingresos y durante 2012 y 2013, se aumenta la presión fiscal directa y se eleva el tipo máximo del IRPF hasta el 52% con el que se pretende recaudar 4.000 millones de euros, se aumenta el IBI sobre las viviendas por encima del valor medio (otros 918 millones). A las fortunas y los beneficios millonarios de la reducida élite de ricos y especuladores se les exime y protege fiscalmente.
El aumento del 1% de las pensiones, presentado por el gobierno como uno de sus escasos cumplimientos, queda lejos de garantizar su capacidad adquisitiva ante las previsiones de inflación para este año…
Estas medidas “iniciales” agravarán la recesión que se anunciaba en el último trimestre de 2011 y destruirán más empleo, reducirán en consecuencia el ingreso fiscal y aumentarán el gasto social. Los grandes objetivos de déficit y deuda públicas con los que se justifican dichas medidas se verán neutralizados sino agravados.  Si, tal como anuncia el gobierno de Rajoy, en los próximos meses proseguirán con mas medidas de recorte del gasto e ingresos (posible aumento del IVA) hasta alcanzar un valor cercano a los 38.000 millones de euros (aprox. 3,8% del PIB), se privatiza a bajo precio las empresas y patrimonio público, si se presiona a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos a hacer lo mismo, la  recesión será mucho más intensa y profunda. Todas las medidas que se añadan, bajo decreto de gobierno o pacto social, que favorezcan la pérdida de poder adquisitivo de salarios o su recorte, que facilite y abarate los despidos, disminuirán la demanda y agravarán la recesión y el desempleo. Ante esta perspectiva los acreedores y especuladores retomarán la senda alcista de la prima de riesgo ante una deuda pública y privada impagable, volverán las amenazas y chantajes con nuevas exigencias de recortes en una espiral que conduce a la catástrofe.
Ante esta situación de emergencia social, económica y política no podemos permanecer paralizados.  Es suicida dar una tregua de varios meses a un Gobierno que  se lanza  al cuello de los más débiles y desfavorecidos.
Llamamos a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al movimiento sindical, al 15M, a las entidades y organizaciones políticas, sociales y cívicas a organizar la respuesta, a organizar la resistencia y la solidaridad, a impulsar la confluencia en la movilización con carácter general, a levantar objetivos y reivindicaciones que permitan la unificación de las luchas, a construir colectivamente la alternativa al “desorden” neoliberal, a organizar la insumisión ante el “diktat” de Merkozy y las instituciones de poder de la UE, a recuperar la soberanía ciudadana para construir la democracia, a participar en un proceso constituyente que nos permita dar una salida socialmente justa y democrática a la actual situación.

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Valoración de la cumbre europea de 9 de diciembre de 2011.

Comunicado Comisión Promotora Mesas Ciudadanas para la  Convergencia y la Acción



ORIGEN: www.público.es

Las exageradas expectativas que había levantado  la cumbre europea de los pasados días 8 y   9 de diciembre para resolver la crisis del euro han resultado defraudadas. No cabía esperar algo distinto, pues la crisis tiene como origen el trasquilado proyecto de la unidad monetaria, con carencias fundamentales, los profundos desequilibrios que se han generado durante la vigencia del euro, las discrepancias irreductibles entre los países y las posibilidades muy mermadas de hacer frente a la agitación de los mercados, derivada del enorme endeudamiento en que están atrapados muchos países de la zona euro.
Ante la imposibilidad conocida y real de resolver los problemas de fondo que la existencia del euro plantea, los gobiernos de Francia y Alemania han tratado imponer sus exigencias para limitar la cuantía de los déficits y deudas públicas y crear las condiciones jurídicas para que en el futuro las restricciones y el control presupuestario de los estados sean más rigurosos, al precio de un deterioro de la democracia y de los derechos sociales básicos. Lo fundamental acordado es que en el futuro los déficits públicos no podrán superar el 0,5% del PIB,  que este criterio debe incluirse en las constituciones nacionales y que se penalizará económicamente su incumplimiento.
Tal compromiso exigiría la unanimidad de los 27 países de la Unión Europea para la reforma del Tratado de funcionamiento de la unión monetaria, pero habiéndose descolgado Reino Unido, la cumplimentación exigirá un “acuerdo intergubernamental” a  26, que abre un periodo de incertidumbre, complicaciones jurídicas  y tensiones políticas, por más que se pretende que se apruebe en marzo del próximo año. La ruptura que ha generado Reino Unido, implica una nueva división en el seno de Europa que debilita los proyectos de unidad en el contexto de crisis existente.
Tras la cumbre todo sigue igual de  complicado,  pues el fondo de la crisis sigue sin abordarse, pero es necesario reconocer que como ocurre en los países a escala individual, se ha tratado de aprovechar la tensión y la alarma existentes para dar otra vuelta de tuerca a la política neoliberal con la que se quiere hacer frente al desastre generado por el proyecto neoliberal de Maastricht. Y es así como se pretende concentrar la política en la corrección de los déficits públicos a través de duros recortes y ajustes presupuestarios. Estos no resuelven los problemas del endeudamiento existente, pero entrañan políticas sociales muy regresivas y una política económica que agravará los elementos recesivos que a escala de la economía europea se registran, corriéndose el riesgo de que se cree un círculo infernal: recortes, más  depresión, impacto negativo sobre las cuentas públicas, esfuerzos para corregir el déficit y más depresión.
Todo lo anterior tiene plena vigencia en el caso de nuestro país. Para empezar ya se ha constitucionalizado el tema de la cuantía del déficit y la deuda pública, así como la prioridad de su pago, tras la alevosa reforma constitucional. El nuevo gobierno del PP ha dejado claro que el  principal, el indiscutible objetivo de su política,  es corregir el déficit público, para responder obedientemente a las exigencias planteadas por Merkel y Sarkozy. Todo ello sin dejar de confundir insistiendo en que la política económica está orientada a crear empleo, mientras la situación desoladora del paro sufrirá un agravamiento que elevará las cifras a extremos sociales explosivos. Por lo demás, el fatalidad de la situación es que todos los recortes y ajustes, la corrección del déficit público que se consiga,  no tendrán ningún impacto en el volumen de la deuda externa en que está atrapado el país, que constituye el verdadero talón de Aquiles de la crisis económica española. 
Significa esto que la lucha contra todos los recortes y ajustes que pretende imponer el PP, han de acompañarse por parte de la izquierda de una reflexión profunda sobre la salida de la crisis, la respuesta al deterioro de la democracia, la pérdida de soberanía ciudadana, y crisis de legitimidad y consenso de la Constitución, así como de los compromisos con la Unión Europea, que nos mantienen hundidos sin esperanza,  e inermes y maniatados para afrontar una situación económica y social muy grave. 
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Llamamiento a la movilización y a la convergencia social


Comunicado de la I Jornada de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
Reunidas en Madrid personas de toda España organizadas en torno a distintas mesas de convergencia y promotoras territoriales, manifiestan
1. Que valoramos la situación de la Unión Europea y, en particular, de España, como de emergencia. Esta situación es consecuencia del incremento de la deuda privada y pública que ha provocado la crisis generada por la banca internacional y la aplicación de las políticas neoliberales y de recorte de salarios y gasto social de los últimos tiempos. No se han reformado los mercados financieros, no se ha puesto fin a las irregulares prácticas bancarias y las autoridades han sido incapaces de garantizar la financiación necesaria para que las economías vuelvan a crecer y a crear empleo. Y en lugar de favorecer la generación de ingresos que permita aliviar cuanto antes el peso de la deuda, los grupos financieros se empeñan en hacerle frente con nuevos créditos que solo consiguen aumentar su peso y el coste que han de soportar las clases trabajadoras. La especulación financiera ahoga a los pueblos, y mientras tanto las autoridades solo han anunciado que dedicarán de nuevo el dinero que haga falta para salvar a la banca.
2. Que, en contra de las mentiras de los medios oficiales y de las autoridades, tenemos la certeza de que hoy día es completamente imposible que la deuda de los estados y particulares europeos se pueda pagar, por lo que consideramos que la única alternativa es auditarla y organizar una quita o reestructuración que permita desplazar su pago a lo largo del tiempo mediante una forma menos onerosa. Y, al mismo tiempo insistimos es que urgente e inaplazable realizar reformas esenciales para rediseñar la unión monetaria y el estatuto del banco central europeo, así como para garantizar la imprescindible coordinación de las políticas económicas y la disposición de un verdadero presupuesto europeo.
3. Que las políticas y medidas que se vienen aplicando no sirven para salir de la crisis porque, como estamos viendo, implican una mayor desigualdad y altos niveles de desempleo, y porque de ninguna manera resuelven los  dos grandes problemas que es necesario solventar para que las empresas puedan crear de nuevo empleo: financiación y demanda efectiva. Por eso reafirmamos que es imprescindible la creación de una banca pública que inmediatamente proporcione el crédito que necesitan las empresas y las personas que crean riqueza y empleo, y que se ponga fin a los recortes salariales y de gasto público y social.
4. Que se está produciendo un auténtico atentado a la soberanía nacional cuando se imponen estas medidas que solo favorecen a los poderes económicos sin que sean debatidas ni aprobadas por la ciudadanía y ni siquiera por los poderes representativos, como ha ocurrido con la reciente reforma constitucional.
5. Que todo ello ya esta provocando pérdidas sustanciales del nivel de vida de las clases trabajadores y que esto sin duda se agravaría si finalmente se produce el triunfo del Partido Popular, como es fácil deducir a la vista de lo que sus dirigentes vienen haciendo en las comunidades en las que ha empezado a gobernar.
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